Aspectos clave de la Ley de vivienda.

La Ley por el Derecho a la Vivienda es la primera norma que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada en España. Fue aprobada por el Congreso el 27 de abril de 2023 y está pendiente de tramitación en el Senado. Su objetivo es favorecer el acceso a la vivienda a precios asequibles, proteger a los colectivos vulnerables y combatir la especulación inmobiliaria. En este post, vamos a explicar los aspectos clave de esta ley y cómo afecta a propietarios e inquilinos.

Impulso de la vivienda pública

Uno de los ejes de la ley es aumentar la oferta de vivienda pública para garantizar su función social y evitar su venta a fondos de inversión. Para ello, se establecen las siguientes medidas:

• Calificación indefinida de la vivienda protegida para asegurar un periodo mínimo de 30 años de protección.
• Porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida.
• Incremento de los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, del 30 al 40% en el suelo urbanizable, y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado.
• Elaboración y mantenimiento de un inventario del parque público de vivienda.

Estas medidas se basan en el artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y en el Plan Estatal de Vivienda 2021-2025, que establece las líneas estratégicas para impulsar la vivienda pública.

Límites al precio del alquiler

Otro de los pilares de la ley es regular el mercado del alquiler para evitar que se den situaciones de tensión y abuso. Para ello, se prevén las siguientes medidas:

• Beneficios fiscales o urbanísticos para las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido.
• Declaración de zonas de mercado residencial tensionado durante un periodo prorrogable de 3 años para poder aplicar medidas de reducción del alquiler.
• Incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes durante 2024.
• A partir de 2025, nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento que evite incrementos desproporcionados en la renta.
• En las zonas declaradas como tensionadas: posibilidad de prórroga extraordinaria anual para el arrendatario tras la finalización del contrato; limitación del alquiler a la renta del contrato anterior; posibilidad de aplicar los límites de los sistemas de índices de precios de referencia también a las viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos 5 años.

Estas medidas se inspiran en el artículo 47.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que las Administraciones Públicas regularán y promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, y en el artículo 10.1.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, que determina que las Administraciones Públicas podrán declarar zonas urbanas con mercado residencial tensionado cuando concurran circunstancias excepcionales.

Apoyo a jóvenes y colectivos vulnerables

La ley también contempla medidas para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y colectivos vulnerables, como personas mayores, dependientes o víctimas de violencia machista. Entre estas medidas se encuentran:

• Ampliación del plazo mínimo legal para el desahucio por impago del alquiler hasta los seis meses desde que se interpone la demanda judicial.
• Creación del Fondo Estatal por el Derecho a la Vivienda con una dotación inicial de 1.000 millones de euros para financiar políticas públicas en materia de vivienda.
• Creación del Bono Social Alquiler con una dotación inicial de 500 millones de euros para subvencionar parte del alquiler a las personas con ingresos inferiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
• Creación del Bono Social Compra con una dotación inicial de 300 millones de euros para facilitar el acceso a la propiedad a jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a tres veces el IPREM.
• Creación del Programa Estatal por el Derecho a una Vivienda Adecuada con una dotación inicial de 200 millones de euros para promover actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones habitacionales y energéticas, así como la accesibilidad y adaptabilidad funcional, especialmente en zonas rurales o despobladas.

Estas medidas se fundamentan en el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, que establece que las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento efectivo del principio constitucional que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, así como en el artículo 50.1.a) del mismo texto legal, que determina que las Administraciones Públicas adoptarán medidas específicas dirigidas a facilitar el acceso efectivo a una vivienda digna y adecuada por parte de los sectores sociales más desfavorecidos.

Conclusión

La Ley por el Derecho a la Vivienda supone un avance histórico en el reconocimiento y garantía del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. La norma pretende dar respuesta a las necesidades habitacionales de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables, mediante medidas que favorecen el acceso a la vivienda pública, limitan el precio del alquiler y apoyan económicamente a quienes lo necesitan. La ley también busca combatir la especulación inmobiliaria y proteger los derechos y obligaciones tanto de propietarios como de inquilinos.

Fuentes

: Constitución Española. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
: Plan Estatal Vivienda 2021-2025. https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/biblioteca-virtual/vivienda/plan-vivienda
: Estatuto Básico del Empleado Público. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788
: Real Decreto Legislativo 7/2015. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719